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June 13, 2026
FGR prepara acción penal contra gobernador priísta de Durango en medio de conflicto criminal
Nacional

FGR prepara acción penal contra gobernador priísta de Durango en medio de conflicto criminal

Jun 11, 2026

La Fiscalía General de la República (FGR), bajo la dirección de Ernestina Godoy, alista una causa penal contra el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, por presuntas vinculaciones de su administración con operaciones de narcotráfico del grupo “Los Cabrera”, una facción del cártel sinaloense “La Mayiza”. La información fue revelada a La Silla Rota por fuentes cercanas a la investigación.

El expediente señala que la protección se habría extendido hacia Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco”, supuesto sucesor de Ismael “Mayo” Zambada, actualmente procesado en Estados Unidos. Tras la detención de “Mayo” en julio de 2024, Durango ha sido escenario de enfrentamientos entre “Los Cabrera” y la banda rival “Los Chapitos”, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Villegas Villarreal, de 50 años, asumió el cargo en septiembre de 2022 tras una alianza electoral entre el PRI, PAN y PRD. Su trayectoria incluye cargos como alcalde de Durango, secretario de Salud estatal y diputado local en dos ocasiones.

Las fuentes consultadas indican que el gobernador está al tanto del expediente que también involucra a otros funcionarios estatales, entre ellos la fiscal general Sonia Yadira de la Garza. Un colaborador cercano a ella habría fungido como enlace entre la fiscalía local y Zambada Sicairos.

Se reporta que Villegas ha compartido con colaboradores la inminencia de acciones legales por parte de la FGR contra miembros de su gobierno, lo que ha provocado que al menos uno de ellos haya abandonado el estado. Asimismo, “El Mayito Flaco” habría salido de Durango y su paradero es desconocido.

Con esta probable acción penal, serían dos los gobernadores estatales enfrentando procesos judiciales, junto con Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, quien actualmente está con licencia.

Este caso subraya la complejidad de la seguridad y gobernabilidad en regiones con fuerte presencia del narcotráfico, y plantea retos para la eficiencia y transparencia en la administración pública, aspectos que impactan directamente en la calidad de vida y la confianza ciudadana.

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