A partir del viernes 9 de enero de 2026, México implementó el registro obligatorio de líneas celulares como parte de un esquema nacional para reforzar los controles de seguridad y la verificación de identidad, con el objetivo de combatir fraudes telefónicos. Sin embargo, a un mes de que finalice el plazo para vincular las líneas móviles, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que la respuesta ciudadana ha sido limitada: de aproximadamente 158 millones de líneas telefónicas en el país, sólo alrededor de 30 millones han sido registradas, lo que representa menos del 30% del total.
De acuerdo con los Lineamientos para la Identificación de Líneas Telefónicas Móviles, publicados en el Diario Oficial de la Federación, los proveedores de servicios deberán deshabilitar temporalmente las líneas que no hayan sido vinculadas a un titular. Esta suspensión, que entrará en vigor a partir del 1° de julio de 2026, permitirá únicamente llamadas a números de emergencia como 911, 089 y 088, así como a líneas de soporte del operador. Es importante destacar que la suspensión del servicio no exime a los usuarios de sus obligaciones contractuales, por lo que deberán continuar pagando su plan o equipo, aun cuando el uso de la línea esté restringido.
La baja participación en el registro refleja el escepticismo de la población mexicana ante el proceso, lo que ha llevado a las autoridades a considerar la posibilidad de extender el plazo de vinculación. Actualmente, cerca de 128 millones de líneas telefónicas permanecen sin registrar, lo que representa un desafío significativo para la implementación efectiva del proyecto de seguridad.
En respuesta, la CRT ha lanzado una campaña nacional para incentivar la participación, con estrategias de difusión en redes sociales, sitios oficiales del gobierno, operadores de telecomunicaciones y medios masivos, incluyendo el transporte público como Metro y Metrobús.
Para Puebla, donde la conectividad y la seguridad son temas prioritarios para la ciudadanía, el avance de este registro será determinante en la eficiencia de los servicios y la protección contra delitos telefónicos. La baja tasa de cumplimiento nacional subraya la necesidad de fortalecer la comunicación y la confianza en las políticas públicas, priorizando siempre el bienestar y la seguridad de los poblanos.