La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León aprobó el jueves 10 de junio iniciar un juicio político contra el gobernador Samuel García, por presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos vinculados con su familia. La solicitud fue promovida por la bancada de Morena desde el 8 de junio y, pese a la ausencia de algunos diputados morenistas en la sesión, el procedimiento siguió su curso con una decisión mayoritaria.
Samuel García será notificado y tendrá un plazo de 15 días hábiles para responder, pudiendo comparecer ante el Poder Legislativo local de forma escrita o presencial, conforme al proceso establecido.
El caso se centra en una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) que reveló en abril un presunto esquema financiero para desviar y lavar más de mil millones de pesos mediante triangulación de fondos públicos. Según las indagatorias, el mandatario habría favorecido directamente a la firma “Firma Jurídica y Fiscal Abogados”, cuyos principales accionistas son su padre y medio hermano.
Los recursos públicos habrían sido canalizados a través de diversas empresas y proyectos de infraestructura, para luego ser transferidos a la inmobiliaria “Saga Tierras y Bienes Inmuebles”, que recibió más de mil millones de pesos. Posteriormente, los fondos habrían sido enviados a cuentas en el extranjero, incluso en Estados Unidos, con el supuesto fin de dificultar su rastreo y ocultar su origen.
Samuel García rechazó las acusaciones, calificándolas como un “refrito” y recordando que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León ya emitió una resolución de no ejercicio de acción penal tras analizar las pruebas. En sus redes sociales afirmó que “no existe irregularidad” y que los señalamientos son falsos.
Este proceso político y judicial en Nuevo León refleja la complejidad de la rendición de cuentas en la gestión pública, un tema que también resuena en otras entidades, incluida Puebla, donde la eficiencia gubernamental y la transparencia son demandas constantes para mejorar la calidad de vida y la movilidad urbana. La atención a estos casos es clave para fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y avanzar hacia soluciones prácticas que beneficien a la población.
