La producción del jersey alternativo “Artisan JSY” de la Selección Mexicana, promovida como un proyecto de comercio justo por Adidas, está envuelta en un escándalo por explotación laboral y desvío de recursos públicos en Naupan, Puebla. Testimonios de bordadoras nahuas y personas cercanas a la operación revelan condiciones de maquila coercitiva bajo la gestión de la empresa intermediaria Someone Somewhere, una startup mexicana fundada por egresados del Tecnológico de Monterrey.
La promotora cultural Luz Valdez expuso que Adidas aceptó el proyecto para evitar sanciones en redes sociales tras polémicas previas de apropiación cultural. Para proteger su imagen, la multinacional delegó la logística a Someone Somewhere, que instaló su planta de producción en la Casa de la Cultura de Naupan, un inmueble público que fue transformado ilegalmente para cumplir con auditorías corporativas.
En este espacio, más de 150 artesanas nahuas trabajaron jornadas intensas con solo una hora de comida y sin prestaciones legales. Además, se documentó desabasto de insumos básicos en los sanitarios y el incumplimiento de un seguro médico privado que la empresa reportó falsamente, argumentando la inexistencia de clínicas del IMSS en la localidad.
Los pagos a las bordadoras oscilaron entre 25 y 36 pesos por hora, una cifra mínima frente al precio comercial de las prendas, que alcanzan hasta 5 mil pesos en tiendas. Las artesanas debían entregar al menos dos jerseys terminados cada cinco horas, y cualquier error en la calidad era sancionado económicamente, obligándolas a rehacer piezas sin remuneración adicional.
Tatiana Bernaldez, especialista en técnicas textiles, calificó el proyecto como un “atropello” cultural, ya que se eliminó la técnica ancestral del “pepenado de hilván” propia de la Sierra Norte. Ante la presión por cumplir fechas de entrega, varias bordadoras abandonaron el taller para trabajar con otra marca que ofrecía mejores condiciones, pero fueron despedidas y obligadas a firmar contratos de exclusividad con Someone Somewhere, que les prohíben confeccionar productos para Adidas durante cinco años bajo amenaza de demandas legales.
Valdez denunció que la empresa no paga a los artesanos que aparecen en su publicidad y que los contratos incluyen la cesión de derechos de imagen, lo que agrava la precarización.
El secretario de Cultura de Puebla, Fritz Glockner, reconoció la invasión abusiva de saberes originarios por parte de transnacionales, pero admitió que la dependencia estatal carece de facultades para sancionar a particulares. La Secretaría de Cultura federal se deslindó del conflicto, calificándolo como un “trato comercial entre particulares”.
Este caso pone en evidencia la vulnerabilidad de las comunidades indígenas de Puebla frente a proyectos que, bajo la bandera del comercio justo, reproducen prácticas de explotación y despojo cultural, afectando la identidad y el desarrollo local.
