La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene vigente una orden de aprehensión contra Francisco “N”, conocido como Paco Pachangas, profesor con más de 30 años de trayectoria en la preparatoria La Salle campus Benjamín Franklin, por el delito de abuso sexual calificado en agravio de alumnos adolescentes.
Según la carpeta de investigación CI-FIDCANNA/E/UI-E-11/00518/11-2024, los presuntos abusos ocurrieron en distintos momentos, tanto dentro como fuera del entorno escolar, en espacios vinculados a la congregación lasallista. Uno de los casos documentados ocurrió en abril de 2009, cuando un estudiante de 16 años fue trasladado desde el campus ubicado en la colonia Condesa hacia una de las Casas de los hermanos lasallistas, inmuebles usados como espacios recreativos y de convivencia. En ese lugar, el alumno declaró que el docente cometió actos de carácter sexual.
El expediente detalla que el profesor, además de impartir clases, desempeñaba funciones de acompañamiento para estudiantes con problemáticas familiares, lo que le permitía establecer contacto cercano con alumnos fuera del plantel bajo el argumento de apoyo y orientación. Tras los hechos, el docente habría hecho comentarios sobre la posibilidad de influir en las calificaciones del alumno y mantuvo contacto posterior a través de medios electrónicos. Otros estudiantes también reportaron conductas y mensajes inapropiados en redes sociales.
La denuncia sostiene que este caso no sería un hecho aislado. El denunciante manifestó que con el paso de los años conoció a otros exalumnos con experiencias similares, lo que forma parte del análisis del Ministerio Público para determinar el alcance de las acusaciones y posibles víctimas adicionales. Testimonios indican que los comentarios sobre el comportamiento del profesor circularon entre estudiantes de distintas generaciones, aunque no se activaron medidas inmediatas por parte de la institución.
Algunos alumnos buscaron apoyo de personal escolar tras conocer o experimentar situaciones relacionadas con el docente, y aunque directivos y responsables de atención estudiantil fueron informados, los denunciantes consideran que las acciones adoptadas fueron insuficientes. La Fiscalía deberá esclarecer qué información conocieron las autoridades del plantel y qué medidas implementaron tras recibir los reportes. Hasta ahora no existe una determinación judicial sobre una posible responsabilidad institucional.
Este caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer mecanismos de protección y atención en las instituciones educativas, así como la importancia de una gestión eficiente y transparente que garantice la seguridad y bienestar de los estudiantes. En Puebla, donde la identidad local valora la educación y la convivencia comunitaria, es fundamental que las autoridades y escuelas impulsen soluciones prácticas para prevenir y atender este tipo de situaciones, asegurando un entorno seguro y confiable para la juventud.
