El Partido Acción Nacional (PAN) anunció este domingo la presentación de una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra el expresidente Andrés Manuel López Obrador, por presuntos crímenes de lesa humanidad relacionados con la estrategia de seguridad aplicada durante su administración (2018-2024).
En un comunicado, el PAN argumentó que la violencia en México no puede explicarse únicamente por la acción de organizaciones criminales, sino que se debe a una “deliberada, calculada y sistematizada colaboración permisiva del Estado Mexicano” que habría facilitado la expansión territorial, económica y política de estos grupos. La denuncia menciona más de 200 mil homicidios y 150 mil personas desaparecidas durante el sexenio anterior, y señala que la política conocida como “abrazos, no balazos” —a la que califican como un “narcopacto”— favoreció el crecimiento del crimen organizado y debilitó la capacidad estatal para enfrentar la violencia.
Jorge Romero Herrera, líder del PAN, sostuvo que la investigación no debe quedar en manos de autoridades federales, pues estas pertenecen al partido fundado y liderado moralmente por López Obrador, lo que, a su juicio, compromete la imparcialidad.
En respuesta, durante la conferencia matutina de este lunes 8 de junio de 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó la denuncia como una muestra de “hipocresía” y cuestionó la credibilidad del PAN para acusar a otros de vínculos con el narcotráfico. “¿Quién les cree? Nadie”, afirmó, recordando el historial del PAN en materia de seguridad durante las administraciones de Vicente Fox y Felipe Calderón. Sheinbaum sugirió que la denuncia busca “expiar culpas” y aseguró que la acción “no cala” en la opinión pública.
Este episodio refleja la persistente tensión política en México en torno a la seguridad pública, un tema que afecta directamente la calidad de vida y la movilidad cotidiana de millones de mexicanos, incluidos los poblanos. Más allá de las disputas partidistas, la ciudadanía demanda soluciones prácticas y efectivas que reduzcan la violencia y mejoren la convivencia urbana, sin perder de vista la necesidad de una planeación razonable y una gestión eficiente de los recursos públicos.
En este contexto, proyectos de movilidad como el cablebús que se construye en Puebla cobran relevancia al ofrecer alternativas concretas para mejorar la conexión urbana y reducir tiempos perdidos en traslados, contribuyendo así a una mejor calidad de vida en la región. La eficiencia gubernamental en obras públicas, seguridad y servicios básicos debe ser el foco común para avanzar hacia un entorno más seguro y funcional para todos los habitantes.
